Los actos de planeación del gobierno federal

Toda vez que se menciona el papel del Gobierno Federal en materia de Desarrollo Urbano, necesariamente se aborda como un tema de Derecho Urbanístico, pero sólo se abordarán los fundamentos de planeación en un panorama global. El Gobierno Federal es la representación del Estado para mantener la propiedad y el control de los organismos que se establecen en el sector público, y será el encargado de llevar a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo[1] con base constitucional a lo que se establece principalmente en los artículos 25 al 27.

De acuerdo al marco constitucional, al Estado le confieren la rectoría del desarrollo nacional con el propósito que sea integral, fortaleciendo la soberanía de la nación y el régimen democrático. También planeará, conducirá, coordinará y ordenará la actividad económica nacional, haciendo concurrentes las acciones entre el sector público (quien tendrá a su cargo las áreas estratégicas), social y privado en el desarrollo socioeconómico nacional. Impulsará y organizará las áreas prioritarias del desarrollo directamente con el sector social y el sector público bajo criterios de equidad y productividad, donde impulsará las empresas de los sectores público y sociales, sujetándolas a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando de su conservación y el medio ambiente. En este marco la ley alentará y protegerá la actividad económica del sector privado, de manera que ésta contribuya al desarrollo económico nacional.[2]

A su vez, el Estado mexicano organiza un Sistema Nacional de Planeación Democrática[3] que tiene por objeto imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía. Los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución determinan sus objetivos, la cuál será democrática y recogerá las aspiraciones y demandas de la comunidad para incorporarlas al Plan Nacional de Desarrollo donde se sujetarán los programas de la Administración Pública Federal. La ley faculta al Ejecutivo para establecer los procedimientos de participación y consulta popular, como también los criterios para formular, instrumentar, controlar y evaluar el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales que necesite el país. Los fines del proyecto nacional contenidos en la carta magna determinarán los objetivos de la planeación; en la que determina los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine, induzca y concerte con los gobiernos estatales y los particulares, acciones para su elaboración y ejecución.[4]

La Constitución establece en su artículo 27 que la Nación es propietaria originaria de tierras y aguas en el territorio nacional, en la cual puede transmitir su dominio a los particulares; constituyendo la propiedad privada.[5] La Nación tiene el derecho de imponer las modalidades que dicte el interés público, así como regular en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de distribuir equitativamente la riqueza pública, cuidar la conservación de la misma, lograr el desarrollo sustentable del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia el Gobierno Federal está facultado para dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos, establecer provisiones, reservas, usos y destinos de tierras, aguas y bosques; a efecto de ejecutar obras públicas, planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.

De acuerdo al artículo 49 constitucional, los poderes se dividen en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en el cual le corresponde al Ejecutivo crear instituciones y secretarías de Estado para ejecutar el sistema de planeación, ante la necesidad de que ésta se realice desde distintas perspectivas (Globales, Regionales y Sectoriales), por lo que la planeación (por su complejidad) no puede lograrse a través de un plan único, sino de Planes, Programas, Proyectos, Decretos y Declaratorias, como está establecido en la Ley de Planeación. En el capítulo IV de dicha ley, establece que al Plan Nacional de Desarrollo, se subordinan Programas sectoriales, Programas Institucionales, Programas Regionales, Programas Especiales y Programas anuales del plan; que a su vez se subdividen el Programas institucionales de Entidades sectorizadas y programas anuales específicos.

A partir de lo anterior, el Sistema Nacional de Planeación se encuentra dividido en cinco órdenes o niveles:

  • Planeación Global: liderado por el Plan Nacional del Desarrollo.
  • Programas Sectoriales: instrumentados como programas sectoriales y programas especiales.
  • Planeación Espacial: en manos del Programa Nacional de Desarrollo urbano.
  • Planeación Regional: representado en programas regionales.[6]
  • Planeación Operativa: representado por programas anuales.

Cada uno de estos niveles de planeación se ordenan en subsistemas, en el cual el subsistema nacional de planeación del Desarrollo Urbano queda en manos del Programa Nacional de Desarrollo Urbano, a los cuales se subordinan:

  • Programas Estatales de Desarrollo Urbano
  • Programas de Ordenación de zonas conurbadas
  • Planes y Programas municipales de Desarrollo Urbano
  • Programas de Desarrollo urbano de Centros de Población.

Los actos de planeación del Gobierno Federal tienen la mayor jerarquía, permitiendo lograr una planificación matizada y coherente, dado que los actos de planeación son obligatorios e inciden en el mismo ámbito espacial de validez que forzosamente debe corresponderles una jerarquía, definida por un orden instrumental que transfiere competencias y responsabilidades para diferentes ámbitos de gobierno.[7] Toda vez que tienen una jerarquía, los actos de planeación son materialmente legislativos y administrativos concretos, que implican una obligatoriedad del sector público en manos de sus Instituciones.

Queda la siguiente pregunta central para la reflexión ¿porqué están impedidos nuestros gobernantes, y ante qué fuerzas externas están sometidos para no cumplir con la responsabilidad de su función pública?.

Manuel Elihú Díaz Bautista

Arquitecto, Maestro en Urbanismo

@manuelelihudiaz

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[1] Ley de Planeación. Artículo 3. (…) se entiende por Planeación Nacional de Desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política y cultural, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la Ley establecen. (…)

[2] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta Constitución.

[3] El Sistema Nacional de Planeación Democrática se refiere al Estado representado por el Gobierno Federal en coordinación con las Instituciones del sector público, fundamentado por la Ley de Planeación; En: Ley de Planeación. Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer: (…) II. Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática; (…)

[4] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  Artículo 26.

  1. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.

  1. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.

La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia.

El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo.

Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución.

[5] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. (…)

[6] Un ejemplo es el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM).

[7] La planeación debe propiciar objetivos coherentes a los que se dirijan las diversas acciones, siempre evitando que exista contradicción entre los diversos actos jurídicos de la planeación. Si existiera contradicción, deben darse todos los elementos necesarios que permitan determinar la primacía de alguno de ellos, de acuerdo a la ubicación en el orden jerárquico que se señaló anteriormente.

Publicado por elihudiaz

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